Alejandra Cartagena colabora con la ONU en guía para familias de personas desaparecidas
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Alejandra Cartagena colabora con la ONU en guía para familias de personas desaparecidas
La académica del ITESO participa en la creación de una guía impulsada por el Comité contra la Desaparición Forzada del organismo para atravesar los obstáculos legales, financieros y sociales que llegan con la desaparición de un familiar.
Ximena Torres
Desde hace varios años Alejandra Cartagena López acompaña y exige justicia para las personas desaparecidas en México y sus familiares. En septiembre de 2026 la abogada llevó esas experiencias hasta Suiza, donde el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Las familias hemos abierto caminos donde no los había y ello incluye el horror de las fosas clandestinas. [...] Lo hemos hecho no porque nos corresponda sustituir al Estado, sino porque durante demasiado tiempo el Estado no ha respondido con la urgencia, coordinación y eficacia que la desaparición de personas exige”, dijo la académica del ITESO durante su participación en la actividad internacional. Su mensaje tomó forma a partir de las denuncias y perspectivas de 32 colectivos de México y Centroamérica con los que se reunió antes de viajar al Palacio de las Naciones de Ginebra.
El objetivo de Cartagena era acercar las historias de las víctimas a la ONU, por lo que también llevó cartas hechas por familiares buscadores y fotografías de personas desaparecidas, incluyendo la de su mamá, Leticia Galarza Campos, y la de su abuelo, David Jiménez Fragoso, ambos desaparecidos en México en 1978 y 1975, respectivamente.
Su experiencia como hija buscadora es solo una de varias adscripciones que la convirtieron en representante de América Latina ante el Comité contra la Desaparición Forzada. Cartagena también es activista, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México y académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO. “Creo que tengo varias camisetas que me permiten tener una visión amplia”, comenta.
Con ese compromiso, la académica expuso en la ONU varias situaciones urgentes sobre la crisis de desapariciones en México. Entre ellas, las garantías de seguridad para que las madres participen en la búsqueda de sus hijos y la atención diferenciada a niños y niñas, para que formen parte de las políticas públicas de atención y prevención.
En el fondo, cada una de las demandas planteadas por Cartagena tuvo la intención de reconocer a los seres queridos y familias buscadoras como víctimas indirectas, sujetas de derechos y protagonistas en el diseño de soluciones institucionales. “Necesitamos que las recomendaciones caminen con las familias, que salgan de Ginebra y lleguen a los territorios", dice.
Seguimos aquí: un instrumento para las víctimas
Las exigencias de Cartagena se alinean con el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que enuncia: “Se entenderá por víctima la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”.
Este principio guio el encuentro por el 20 aniversario de la convención, durante el cual se presentó la iniciativa Seguimos Aquí: las Víctimas en el Centro del Movimiento de Derechos Humanos. La propuesta consiste en elaborar una guía práctica para atravesar los obstáculos legales, financieros, sociales y educativos que llegan con la ausencia de un familiar. Por ejemplo, la dificultad para hacer uso de una cuenta bancaria, para expedir la credencial de identidad de un hijo y otras experiencias a las que se enfrentan personas en todo el mundo.
En México este tipo de casos se ha atendido mediante la declaración especial de ausencia, pero Cartagena asegura que hace falta ampliar ese instrumento legal, porque algunas instituciones siguen sin entenderlo.
“No todos los estados de México la tienen (la declaración especial de ausencia), [...] además tenemos casos en los que las personas desaparecidas son dadas de baja de su trabajo y su familia se queda sin seguro social. Acompañamos un caso en el que una mujer estaba en un tratamiento de cáncer cuando desaparecieron a su esposo y ella se quedó sin el tratamiento”, cuenta la abogada.
La reunión de Cartagena y otras activistas de Sri Lanka, Sudán, Tailandia y Pakistán en la ONU funcionó para hacer los primeros planteamientos de la guía a través de mesas de trabajo. Ellas seguirán involucradas en el proyecto mediante observaciones técnicas, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada consultará a otras familias en distintas regiones del mundo hasta diciembre de 2028.
Herramientas de exigibilidad
Así como con otras recomendaciones internacionales, para que la guía se convierta en una herramienta de exigibilidad, es necesario que incluya la participación directa de las familias, rutas de implementación claras e indicadores de rendición de cuentas.
“Que (los colectivos) sepan qué autoridad es responsable, en qué plazo, cómo se medirá (su trabajo) y qué mecanismos existen para documentar y denunciar su incumplimiento”, detalla la académica del ITESO.
Esa es la relevancia de los mecanismos internacionales: ante la falta de información, ofrecen claridad a las víctimas sobre sus derechos y las obligaciones de las autoridades. También han sido útiles para visibilizar la desaparición y los patrones de impunidad como violaciones graves a los derechos humanos, afirma Cartagena. Y, por último, han impulsado modificaciones legislativas y la creación de instituciones. Un ejemplo clave es la tipificación penal del feminicidio y la adopción del Protocolo Alba en México a partir de la sentencia conocida como “Campo algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Todo esto sucede por la determinación de las familias, en las que las madres, esposas y hermanas siguen desempeñando un rol fundamental, agrega Cartagena. “Las mujeres seguimos sosteniendo el mundo. Suena muy dramático, pero en un mundo donde le han apostado a la guerra, nosotras le hemos apostado a la memoria y a la paz”, concluyó.
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